CAPÍTULO 5: Valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Presentamos en los siguientes párrafos lo más destacable de la actividad y las valoraciones realizadas en el año 2015 por la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko.
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2015 la cifra de 564 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 23,31% de éstos. Se encuentran incluidos en este cómputo los expedientes de queja a instancia de parte (519), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, correo electrónico) y los expedientes de oficio (45), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha cierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes.
Después de unos años realizando estimaciones sobre el número de personas menores de 18 años pertenecientes a las unidades de convivencia de los titulares de expedientes relativos a las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, en 2015 se ha hecho un esfuerzo importante por conocer expresamente en cuáles de éstos existían niños, niñas y adolescentes afectados. No ha sido posible obtener este dato en la totalidad de los casos, pero incluso careciendo de esta información en algo más de un tercio (37,38%) de los expedientes de RGI+PCV presentados en esta institución, el número de éstos en los que sí hay personas menores de edad en las situaciones de precariedad económica que delata el ser perceptor de estas prestaciones, asciende a 260, lo que supone prácticamente el 50% del total de los expedientes tomados en consideración por esta Oficina y en este informe.
En cuanto al derecho a la vida y la supervivencia, la constatación de la presencia abrumadora de niños y niñas en las unidades de convivencia que presentan reclamaciones en esta institución relativas a las prestaciones económicas para la garantía de ingresos está en la base de la reflexión suscitada en torno a cómo se ven afectados sus derechos y su interés superior cuando estos ingresos mínimos son negados o retirados. El resultado de esta reflexión toma cuerpo en una recomendación general en la que se exponen los principales argumentos sostenidos, tomados directamente de la Convención sobre los Derechos del Niño (el interés superior del menor y el derecho a ser escuchado) y de la Recomendación de la Comisión Europea de 2013 Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas. Al unísono con ella, afirmamos que:
• Los niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general. Además, quienes crecen en la pobreza o la exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida.
• Si no intervenimos, si no hacemos nada, la pobreza se transmite de padres a hijos. Por lo tanto, evitar que se transmitan las desventajas entre generaciones es una inversión crucial para el futuro de Europa y presenta beneficios a largo plazo para la infancia, la economía y la sociedad en su conjunto.
• La intervención temprana y la prevención son esenciales para elaborar políticas más eficaces y eficientes, porque además de ahorrar grandes dosis de sufrimiento, resulta más barato (en términos de gasto público) intervenir cuando las situaciones son de menor gravedad que atender las consecuencias de la pobreza y la exclusión social más severa.
• Las actuaciones se guiarán por los siguientes dos principios:
- habrán de tener en cuenta en primer lugar el interés superior de la niña y del niño, valorando al mismo tiempo la importancia de apoyar a las familias como principales encargadas de su cuidado;
- habrán de mantener un equilibrio adecuado entre las políticas universales destinadas a promover el bienestar de todos los niños y los enfoques específicos encaminados a apoyar a los más desfavorecidos.
• La prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas basadas en tres pilares: acceso a los recursos adecuados; acceso a servicios de calidad a precios asequibles y derecho de los niños y niñas a participar.
• El acceso a los recursos adecuados requiere la combinación de:
- apoyar la participación de los padres y madres en el mercado laboral, activando medidas encaminadas a: apoyar la entrada y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas con mayores dificultades (por baja cualificación, u otras razones); mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar;
- proporcionar un nivel de vida adecuado, (aquel que permite una vida digna), mediante una combinación óptima de prestaciones.
• En lo tocante a las prestaciones económicas que proporcionan un nivel de vida adecuado recomienda “apoyar los ingresos de las familias mediante prestaciones adecuadas, coherentes y eficientes, como incentivos fiscales, prestaciones familiares y por hijos a cargo, subsidios de vivienda y sistemas de ingresos mínimos”.
En otro orden de cosas, seguimos investigando sobre el dato aportado por el informe sobre el “Impacto comarcal de la pobreza infantil en la Comunidad Autónoma de Euskadi. EPDS 2012” en el que se concluía que la asociación entre pobreza real y formas graves de privación tiene su incidencia más relevante en Euskadi en lo relativo a la presencia asociada de problemas graves de alimentación, ya que no hemos conseguido confirmarlo a lo largo del año en nuestras entrevistas a agentes sociales y sanitarios en contacto con niños y niñas en situación de precariedad económica.
Seguiremos también muy atentos al desarrollo de la propuesta que la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco parece estar impulsando para la articulación de una estrategia de inversión en las familias y en la infancia, estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo alcance, a través de un Pacto de País por la Infancia y las Familias, que dé respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención de la pobreza infantil y la reproducción de la desigualdad.
Respecto al derecho a la educación, el presente ejercicio se ha caracterizado por continuar con una visión crítica respecto a algunas previsiones de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que se ha manifestado especialmente con motivo de las pruebas de evaluación de tercero de primaria y la desaparición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Por su parte, los responsables educativos de la CAPV han continuado a su vez con los pasos previstos en el marco del Plan “Heziberri 2020” que, a pesar de ser presentados como resultado de la participación activa de todos los agentes educativos, no ha estado exento de crítica, al entenderse, por parte de algunos agentes educativos, que dificultan el avance de un modelo educativo propio. Por ello, desde esta institución del Ararteko queremos insistir, de nuevo, en la conveniencia de concitar un mínimo consenso en torno a este modelo educativo pedagógico propio.
De cualquier modo, creemos que la realidad de las quejas que han sido tramitadas en esta institución a instancia de la ciudadanía y de algunos agentes educativos debe ser utilizada como fuente o referencia para impulsar nuevas líneas de actuación que contribuyan a la mejora y excelencia de nuestro sistema educativo.
En este sentido, en lo que respecta al apartado de admisión del alumnado, las quejas recibidas este año 2015 hacen que sigamos convencidos de la necesidad de abordar una reflexión, repetidamente pospuesta, sobre los criterios prioritarios de admisión que son utilizados en los supuestos de insuficiencia de plazas. Por nuestra parte hemos iniciado una actuación de oficio en relación con la utilización abusiva de los datos del padrón.
De todos modos, si algo debemos destacar este año 2015 de las quejas recibidas en relación con la admisión del alumnado, son las iniciativas promovidas en representación de alumnos con discapacidad o que han necesitado de apoyos específicos durante su escolarización.
Precisamente el tenor de la regulación aprobada con respecto a la admisión en enseñanzas universitarias oficiales de Grado nos ha hecho reparar en que en este caso la reserva de plazas no está prevista únicamente para aquellos alumnos que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, sino también para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización, hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. Ello nos ha hecho plantearnos la posibilidad de ampliar este mismo tratamiento a otros niveles educativos como el de la formación profesional, ya que en esta institución hemos recibido quejas en este sentido en representación de alumnos que, no teniendo reconocido este nivel de discapacidad, no obstante, han contado con apoyos en etapas anteriores y su deseo es el de seguir enseñanzas de formación profesional.
Como en años anteriores, queremos reconocer la importante contribución de las comisiones territoriales de escolarización a la integración del alumnado que accede por primera vez a nuestro sistema educativo. De ellas depende, en gran medida, asegurar el reparto equilibrado de este alumnado y a ellas corresponde también velar para que su escolarización en centros concertados sostenidos con fondos públicos lo sea en condiciones totalmente equiparables a las de cualquier centro dependiente de la propia Administración educativa. En este punto, no podemos dejar de hacer referencia igualmente a las quejas de las familias que se encuentran con dificultades para ver atendido su deseo de que sus hijos, recién llegados a la CAPV, puedan seguir cursando enseñanzas en el modelo A, aunque debemos reconocer que, finalmente, en la mayoría de los casos, la Administración educativa ha accedido a su pretensión.
En el apartado de necesidades educativas especiales las dudas sobre la falta de apoyos suficientes se han dejado entrever en muchas de las quejas recibidas. Alumnado con retraso madurativo, grupos de diversificación curricular o apoyos necesarios en los programas formativos de formación profesional, con las obligadas prácticas de empresa, son algunas de las situaciones planteadas, ante las que hemos de decir que la Administración educativa se ha mostrado muy receptiva. De cualquier modo, lo importante, a nuestro modo de ver, es no descuidar la labor de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva aprobado para los años 2012-2016. Por nuestra parte y como ejemplo de esta tarea, nos hemos propuesto realizar un seguimiento de las recomendaciones formuladas para favorecer la inclusión educativa del alumnado con enfermedades raras.
En el caso de laformación profesional, además de las cuestiones ya mencionadas relacionadas con la admisión de alumnos y los apoyos a personas con necesidades educativas especiales, en este año 2015 hemos asistido con preocupación a la realidad a la que se enfrentan determinados jóvenes mayores de 17 años sin estudios secundarios acreditados, debido a la desaparición de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y los programas de formación transitoria integrada tras la puesta en marcha de la nueva Formación Profesional Básica. No existe actualmente una oferta que cubra las necesidades formativas de estas personas, por lo que demandamos a la administración educativa que articule algunas propuestas en la línea de lo que venían ofreciendo los programas desaparecidos.
En cuanto al transporte escolar, albergamos dudas acerca de que la nueva regulación pueda dar una respuesta más satisfactoria que la anterior (Circular) a peticiones de transporte como las que en ocasiones se suscitan en enclaves rurales. Por otro lado, sorprende que contemple una gestión totalmente diferenciada, en atención a su especificidad, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, pues creemos que ello puede suponer un freno a la inclusión de este alumnado.
En cuanto al servicio de comedor escolar el Departamento de Educación ha dado muestras de una actitud muy razonable en relación con nuevas propuestas que han llegado a nuestra institución, como la planteada por una familia de un menor afectado por una enfermedad metabólica.
En lo que respecta a becas y otras ayudas al estudio, los motivos de queja vienen a coincidir con los de años anteriores: demoras administrativas al resolver las solicitudes, retrasos en los abonos de los importes reconocidos, discrepancias con el propio contenido de las bases reguladoras de las ayudas, etc. No obstante, pese a que continúan las quejas, se ha observado una mejora con respecto a la situación de cursos anteriores. Por ello, animamos a los responsables educativos a que no descuiden este esfuerzo.
La tramitación de las quejas relacionadas con la convivencia escolar, así como de otras en las que padres y madres muestran su malestar y preocupación por la forma de conducirse de algunos docentes, nos lleva a concluir una vez más en la capital importancia de la comunicación con las familias. El papel, tanto del personal docente, como de la Inspección Educativa es fundamental para que las familias se sientan debidamente atendidas y confíen en la Administración educativa, máxime en estos casos tan delicados en los que pueden verse afectados los derechos que como alumnos tienen reconocidos sus hijos e hijas.
Las quejas recibidas en el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección siguen refiriéndose, mayoritariamente, a la disconformidad con la valoración de los servicios de infancia por la que se concluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. Junto a esta demanda, que en un alto porcentaje ya han canalizado vía judicial, se suelen trasladar otras cuestiones relacionadas con el proceso de valoración, la comunicación e información, sobre las que sí intervenimos y en las que no se han detectado, de manera generalizable, actuaciones incorrectas por parte de la administración.
Sí han dado lugar a recomendación tres situaciones que podríamos considerar novedosas: la primera de ellas tenía que ver con las dificultades que una mujer ingresada en prisión estaba teniendo para mantener la comunicación con sus dos hijos menores de edad, tutelados por la administración; en la segunda, se cuestionaban los argumentos esgrimidos por la administración que tiene que informar favorablemente para el desplazamiento de una niña extranjera en los programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización; en la tercera, asistimos a la separación con altos niveles de conflictividad de una pareja que venía acogiendo a unos hermanos desde años antes.
Continuamos percibiendo una red de recursos de acogimiento residencial dinámica y atenta a las necesidades que la realidad social va demandando. Este año parecen haberse dado muy pocos movimientos en la red y todas las informaciones nos hablan de unos recursos residenciales con un altísimo nivel de ocupación. Donde sí se percibe descenso de la ocupación es en los centros de acogida de urgencia o de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, tal y como pudimos observar en las visitas cursadas a estos recursos.
Han descendido, aunque no han llegado a desaparecer, las quejas interpuestas por menores extranjeros no acompañados respecto a cómo se está actuando en la acogida y, más concretamente, respecto al criterio de dar mayor validez a la fecha indicada en los decretos de fiscalía sobre la recogida en la documentación. Este año se ha producido, además, la detención de 5 menores tutelados en Gipuzkoa acusados de un delito de falsedad documental en el marco de una actuación en todo el Estado español de la Policía Nacional. Dicha denuncia está provocando numerosos perjuicios a las personas afectadas, dado que la formulación de la denuncia y la apertura de diligencias penales impide a las personas afectadas hacer uso de su pasaporte, que queda vinculado al procedimiento judicial.
En otro orden de cosas, reconocido ya el estatuto de víctima de los niños y niñas expuestos a la violencia de género en la profunda modificación legislativa del sistema de protección aprobada en julio, continuamos trabajando en el análisis y la elaboración de propuestas para la detección y abordaje de sus necesidades.
En lo tocante al derecho a una familia protectora, volvemos a recordar que actuar en materia de familias no sólo significa llevar a cabo políticas de ayudas públicas o subvenciones (particularmente en relación con la tenencia de hijos e hijas, o personas dependientes, así como de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar…), sino que resulta necesario cuestionar un modelo que cada vez se hace más insostenible para las vidas de las personas y que tiene un impacto evidente en la demografía de nuestras sociedades y en el deterioro de nuestra calidad de vida. Ello supone, no sólo trabajar en la sensibilización social de los agentes más concernidos por esta cuestión, como son las empresas, sino también conseguir que se incorpore esta cuestión como tema prioritario en las agendas políticas de las distintas instancias del poder público. La apuesta por la conciliación debe distinguirse por su carácter transversal e impregnar todo nuestro sistema económico y político de un nuevo discurso de racionalización de los tiempos, de revalorización del cuidado, que sitúe a las personas y no a la producción en el centro de nuestra atención.
Continuamos considerando prioritario que se aborde en Euskadi la identificación precisa de aquellas realidades familiares que son merecedoras de especiales recursos o protección, con el objeto de crear un marco unificado para los titulares de derechos de las medidas dispuestas por las diferentes administraciones. Este es, por ejemplo, el caso de las familias monoparentales que, en opinión de esta institución, deberían gozar de un reconocimiento claro y una definición que permita identificar con precisión qué unidades familiares encajan en el modelo de familia monoparental.
En el capítulo de la no discriminación de familias diversas, constatamos que quedan pendientes de abordar cuestiones ya reseñadas por esta institución en años anteriores, como la necesidad de clarificar definitivamente la situación de las madres lesbianas respecto al reconocimiento de la filiación de los hijos e hijas en relación con la madre no biológica, y ello mediante una uniformización de las prácticas de los Registros civiles que no perjudique, en lo que respecta al reconocimiento de la filiación no biológica, a los matrimonios de mujeres respecto a los matrimonios heterosexuales.
Las quejas sobre las políticas públicas que han de garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes se caracterizan por su gran diversidad temática. El grupo más numeroso atiendo, en todo caso, a las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria en personas extranjeras. Los problemas que hemos conocido han ocurrido cuando han acudido a un centro de salud en demanda de asistencia en situaciones para las que la ley reconoce su derecho a recibirla, de manera precisa. Hablamos, especialmente, de las objeciones para la asistencia de embarazos por carecer de asistencia sanitaria.
En cuanto a la salud mental infanto-juvenil, de la que venimos haciendo especial seguimiento desde los inicios de este informe, sólo podemos este año indicar que no existen grandes novedades respecto a los recursos activados para su atención, elemento principal de las demandas ciudadanas. Continuamos, sin embargo, recibiendo llamadas y consultas sobre situaciones de gran dramatismo, en las que las familias de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental buscan asesoramiento, orientación y, en definitiva, ayuda.
En el ámbito de la administración de justicia, las quejas recibidas giran en torno a dos aspectos: la atención y el empoderamiento que precisan, en los procesos de mediación, los y las jóvenes que son víctimas de otros menores; la información a los progenitores y la escucha a los niños y niñas infractores a los que, por no haber cumplido los 14 años, no se les aplica la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y son derivados al sistema de protección.
En lo tocante al derecho al juego, el descanso y las actividades de ocio y recreativas, se han continuado recibiendo quejas relativas a los especiales requerimientos documentales para la emisión de la Licencia federativa por parte de la Real Federación Española de Fútbol a adolescentes nacidos en el extranjero, ante las que el departamento correspondiente del Gobierno Vasco ha actuado con celeridad realizando las gestiones necesarias para solventar estas disfunciones.
También los problemas en torno a lonjas juveniles han seguido llegando, aunque en menor número que en ejercicios anteriores. La postura de esta institución al respecto, como se recordará, quedó recogida en undocumento de bases presentado en 2014 en el que se postula una actitud preventiva y proactiva, frente a posturas puramente reactivas, que utilizan el control y la intervención administrativa como última medida para restablecer la legalidad por las actividades más díscolas o imposibles de reconvertir por otros medios.
Bajo el epígrafe del derecho a la no discriminación, nos pronunciamos:
• Además de a las situaciones de pobreza en la que se encuentra un número importante de hijos e hijas de personas extranjeras ya citadas, mantendremos especial vigilancia a las dificultades para el disfrute de los derechos a la inscripción en el padrón y a la asistencia sanitaria de los niños y niñas extranjeros.
• Existen demandas de familias de menores transexuales, o con comportamientos de género no normativos, para adaptar mejor el marco de atención pública a estos menores y a sus familias, de manera singular, por lo que respecta a la atención sanitaria y psicológica, así como al ámbito educativo. Consideramos esencial consensuar estrategias y establecer criterios claros entre las instituciones con capacidad de intervención en este ámbito, que sitúen en el centro de sus actuaciones el interés de estos niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos.
Por otro lado, venimos constatando que, en el ámbito de la infancia y adolescencia LGBTI, existe todavía una carencia notable del sistema educativo para integrar, visibilizar y promover el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo-sexual y de género. La insuficiencia de planes o programas de formación y sensibilización del profesorado, la falta de abordaje sistemático y organizado de estas cuestiones en las aulas, o la falta de utilización organizada de materiales específicos relativos a la orientación sexual e identidad de género, así como la falta de visibilización de nuevos modelos de convivencia en los materiales didácticos existentes, son buena muestra de ello. Es imprescindible, por ello, un trabajo conjunto con las instituciones educativas vascas dirigido a crear herramientas que aseguren que la escuela sea un lugar seguro para niños y niñas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, donde puedan desarrollarse íntegramente como personas.
Para concluir y de manera incansable un año tras otro, recordamos el paradigma fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y hacemos presente una vez más su estatus de sujeto de derechos. Desde aquí, volvemos a reclamar cauces de participación reales y estables, tiempos destinados a escuchar a los niños, niñas y adolescentes, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.